40 AÑOS DE QUÉ DEMOCRACIA: LA ONCE Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Una democratización con éxito.- El pasado 19 de enero se cumplían los 40 años de las primeras elecciones democráticas en la ONCE. Es verdad que aquel día supuso un paso relevante para iniciar una nueva etapa en la institución, que pronto daría frutos muy positivos para todo su colectivo social y para la sociedad en general. Los siete primeros años de esa democracia naciente fueron una auténtica primavera para una entidad, surgida del corazón del régimen franquista, creada por decreto de la Jefatura del Estado de 12 de diciembre de 1938, que había vivido 45 años como hija predilecta del sistema, con las ventajas materiales y las desventajas políticas que eso suponía. Durante la presidencia de Antonio Vicente Mosquete, 1982-1987, la transformación de la Organización fue colosal, en el terreno comercial, social, institucional y empresarial. Entre 1983 y 1984 se triplicó el presupuesto de ingresos y eso permitió un despliegue inusitado, que cambió el rostro de la institución, sin romper sus costuras internas y sus consensos básicos. Sin embargo, esa reforma institucional no se produjo a través de un poder único e inamovible, como el que hoy existe en la entidad, sino que surgió de un Consejo General, órgano de gobierno de la ONCE, formado por 4 grupos de diferente perfil político, sin una mayoría clara y estable, que asegurara cada paso de esa reforma. Una mayoría progresista de 8 a 7 consejeros dio la presidencia a Mosquete, lo que le permitió ejercer un indudable liderazgo político, pero siempre condicionado por esa dificultad de lograr las mayorías imprescindibles para sacar adelante los cambios necesarios. No obstante hubo un nivel de acuerdo amplio, cuando no total, para los temas cruciales: Reforma del Cupón de 2 de enero de 1984, I Convenio Colectivo de 9 de junio del mismo año, aprobación de las nuevas estructuras central y territorial en 1985, proceso de informatización también en ese año, nueva reforma del Cupón de viernes en octubre de 1985, implantación de la red estatal de Servicios Sociales especializados para ciegos, etc. A pesar de ese liderazgo del primer Presidente, costó casi un año formar el primer equipo directivo, no por acuerdo del sector progresista, sino mediante un entendimiento institucional entre el grupo mayor de la izquierda, con 5 consejeros y el grupo conservador con 7, lo que facilitó iniciar el proceso de cambio, no exento de dificultades. Ello propició que en enero de 1985 se alcanzara un pacto progresista en el Consejo General y entrara un nuevo Director General, más proclive al citado Presidente, con lo que se reorganizó el ejecutivo y el ritmo de las reformas fue mucho más efectivo. El 28 de abril de 1986 tuvieron lugar las segundas elecciones internas, donde solo dos candidaturas llegaron al órgano de gobierno: con 8 miembros la progresista y 7 la conservadora. Por tanto, se mantenía un grado de pluralidad amplio, pero con mayor polarización que en la primera legislatura. El cambio de liderazgo y la crisis del modelo.- La aparición en escena de Miguel Durán como nuevo Director General y la muerte trágica de Mosquete un año después produjeron una convulsión interna enorme que rompió el esquema representativo plural y condujo a que las siguientes elecciones de 5 de diciembre de 1989 dejaran el Consejo General en las exclusivas manos del grupo gobernante Unidad Progresista, UP (que lamentablemente tiene las mismas siglas que Unidas Podemos). Pero no solo quedó suspendida la democracia interna, sino que el desembarco neoliberal protagonizado por Durán constituía un cambio de prioridades muy significativo, que ha condicionado gravemente la ONCE del futuro. Hubo un último acto de resistencia democrática en las elecciones anticipadas de 11 de diciembre de 1992, en el que una candidatura de oposición denominada Alternativa Democrática logró sacar 2 consejeros de 15, pero la lucha desigual durante el mandato no consiguió retomar la praxis democrática iniciada en 1982, con lo que ya finalmente en las elecciones de 1996 desapareció para siempre, hasta ahora, la pluralidad democrática en su máximo Órgano representativo y de gobierno. La Normativa Electoral acuñada desde 1989 ha determinado enormemente la posibilidad de que candidaturas alternativas hayan podido alcanzar presencia mínima en el Consejo General. Ya entonces el propio Gabinete del Protectorado de la ONCE, radicado en el Ministerio de Asuntos Sociales se opuso a la convocatoria, pero un telegrama de la Ministra Matilde Fernández autorizó el proceso, saltándose el principio de legalidad más elemental a costa de una connivencia obscena ONCE/PSOE, que sería crucial para asegurar el monopolio del poder para el grupo dominante en la entidad. El neofascismo instalado en la ONCE.- Veamos cómo ese poder monolítico y omnímodo conmemora este 40 aniversario: "Hoy se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas celebradas en la ONCE el 19 de enero de 1982. 40 AÑOS de progreso y democracia para transformar la realidad, para hacer posible lo inesperado, para cambiar a mejor. Todos Juntos, Todos Unidos. Gracias por tu inestimable y generosa aportación a esta Casa, tu Casa, y por hacer posible hoy, cuatro décadas después, esta realidad única en el mundo: el Grupo Social ONCE. 19 enero 1982 - 19 enero 2022 Sigamos unidos. ¡¡A por los próximos 40!!" Ese nivel de autocomplacencia se compadece poco con la realidad institucional de los últimos 25 años. No porque la ONCE no juegue un papel relevante para las personas ciegas y para el sector de la discapacidad, sino porque nada tiene que ver su actual desarrollo con la impronta democrática de su cambio real, tras el franquismo, ni con los proyectos sociales que pusieron en marcha los responsables de la nueva etapa institucional: -La creación de empleo se ha frenado de forma ostensible dentro de la institución, incluso en la venta, pero además los nuevos empleos se producen en condiciones sociolaborales mucho más precarias que entonces, firmando convenios a la baja, gracias a la ayuda inestimable de UGT, que mediante su acuerdo con el sindicato UTO, afín total a la dirección, consigue arrastrar a la parte social a los interese del grupo dirigente. El poder institucional que exhibe Unidad Progresista, ocupando todos los resortes de organización interna, unido al apoyo sindical incondicional, le permiten batir todo el engranaje de la ONCE de forma absoluta, lo que no deja ni una rendija de intervención a ningún grupo disidente en ningún campo. Acaparando a jóvenes, mayores, mujeres, etc. En su propio organigrama político. Es un estilo neofascista de poder, que nadie les corrige durante ese cuarto de siglo. Todo esto culmina en las últimas elecciones de 2018 a las que solo concurre ya el grupo UP, quedándose solos, incluso en la batalla electoral, pues a nadie le compensa presentarse para ¡ir al matadero! Hoja de ruta para el nuevo cambio democrático.- Por ello, ahora que entramos en el último año de mandato del actual Consejo General sería conveniente y urgente que el gobierno de coalición progresista tomara nota de esta situación y diera un paso adelante para garantizar el principio de democracia interna en la ONCE, que figura en sus Estatutos vigentes. La primera previsión sería introducir una cláusula en el Real Decreto vigente (358/91 de 15 de marzo, en su texto refundido), para asegurar que el gobierno, haciendo uso de su mayoría en el órgano de tutela, tenga que ratificar en todos sus términos la nueva convocatoria y la Normativa Electoral para los próximos comicios. En tal sentido, cabe barajar una doble posibilidad: - una reforma profunda de la actual Normativa, que recoja los puntos más lesivos de su contenido y de su práctica: dotación de censos completos en pie de igualdad a todas las agrupaciones concurrentes con antelación suficiente; administración electoral independiente, que no pueda manipular ningún grupo participante, presidida por un representante del gobierno; supresión de avales para las candidaturas territoriales, manteniendo las cien firmas de promotores para el nivel estatal; elección directa al Consejo General, como órgano estatal, mediante papeleta diferenciada para los consejos territoriales y para el Consejo General; voto por correo idéntico al contemplado en la LOREG, sin excepciones que lo perviertan; uso equitativo regulado de los medios institucionales por las distintas candidaturas; y establecimiento de recursos contencioso- electorales, para la seguridad jurídica del proceso y su sustanciación dentro del Calendario Electoral. Con todo, aunque se aceptaran esos 7 puntos, la concurrencia electoral sería desigual, si la actual dirección se mantiene durante el nuevo proceso, por lo que lo lógico sería que una Comisión Gestora sustituyera al Consejo General para celebrar las elecciones internas con garantías plenas. -No obstante, aún queda otra opción sin explorar que no conviene desdeñar de cara al futuro: el cambio del sistema electoral de la ONCE, pasando del tipo de elecciones fracasado ya durante 25 años, a un nuevo sistema, que consista en la convocatoria de congresos de la ONCE, con participación activa del colectivo desde el ámbito local, al autonómico y, finalmente, al estatal, lo que facilitaría debates sobre los contenidos más básicos de la actuación de la entidad, en la actualidad totalmente inéditos en los procesos electorales que se vienen realizando, donde más que elecciones, se producen simplemente votaciones teledirigidas desde la alta dirección. Solo recordar como cierre, que únicamente hubo verdaderas elecciones democráticas en la institución cuando se convocaron por Orden Ministerial y el Protectorado vigiló fehacientemente los comicios. Es el momento por tanto, de que el gobierno de coalición progresista asuma su responsabilidad y fije los criterios democráticos pertinentes para superar este grave deterioro institucional de una entidad tan relevante socialmente como lo es la ONCE. Fdo: Ricardo Gayol, abogado y Presidente de la asociación PUEDO. Paravolver atrás: pulsat la tecla alt, más flecha izquierda.