NUEVO ACUERDO GENERAL ONCE/GOBIERNO: EL CONTROL PÚBLICO NO FUNCIONA El 31 de diciembre próximo finaliza la vigencia del actual acuerdo general ONCE/gobierno, que durante la última década ha servido de soporte para canalizar las relaciones entre el ejecutivo y la institución, aunque lamentablemente bajo una dejación absoluta por parte de la administración a la hora de controlar de forma objetiva y rigurosa el desenvolvimiento de la entidad. El control en materia de juego.- Es cierto que todas las modificaciones a efectuar en los juegos de la ONCE han de ser autorizadas formalmente por el Ministerio de Derechos Sociales, actualmente responsable de la tutela institucional, pero ese requisito jurídico no encierra ninguna forma de control, más que el meramente reglamentario sobre cada modalidad de juego, sin otro alcance social o económico significativo. Quizás cabría plantear si acaso la excesiva expansión de juegos como los rascas y las ventas online, en base a una exigencia del juego responsable, en evitación de la expansión de las ludopatías, como fenómeno singularmente dañino en nuestra sociedad. Pero por ahora, a pesar de la actitud vigilante del Ministerio de Consumo, que lidera Alberto Garzón, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego, no ha sido posible abordar, ya que la dirección de la ONCE cuenta con la permanente anuencia por parte del Presidente del Gobierno, puesto que la relación entre el PSOE y la ONCE tiene tintes de connivencia nada saludables para que la función de control que compete al Estado pueda llevarse a cabo con transparencia y coherencia política. Habrá que esperar a que los ministerios de Unidas Podemos tengan más fuerza en el ejecutivo, o a que la deriva antidemocrática y antisocial de la ONCE hoy adquiera la suficiente evidencia ante la opinión pública para que el gobierno se vea obligado a ejercer con rigor su función de tutela sobre la Organización. Llega hasta tal punto la osadía de la dirección, que intentan quedar fuera incluso de las medidas para proteger a la gente joven de los efectos perniciosos de algunos juegos, controlando un tope de pérdidas para frenar su exposición a la ludopatía. No es admisible esa patente de corso que exige la ONCE, pues no hay función social del juego, si éste va ocasionando estragos en la conducta de colectivos especialmente vulnerables al riesgo. La ONCE domina la negociación.- Bajo este panorama de imposición del poder fáctico de la ONCE, es obvio que la negociación del nuevo acuerdo general, que entraría en vigor en enero de 2022, haya sido un paseo triunfal para la ONCE, pues de los 6 ministerios que forman parte del consejo de Protectorado: Derechos Sociales, donde radica dicho órgano de tutela, Consumo, por sus competencias sobre juego, Trabajo, Hacienda, Interior y Educación, solo Consumo asumió un papel crítico, logrando al menos que se creara una Comisión Disciplinaria sobre Juego, dentro del Protectorado, donde no estará la ONCE, para afrontar la materia del juego responsable, lo cual no cambia mucho el fondo del problema, pero supone un giro mínimo en esa perspectiva de control, que venimos apuntando. En cambio Derechos Sociales, ministerio que ejerce la titularidad del Protectorado, ha actuado con una desidia poco comprensible, ya que su función implica la mayor carga de responsabilidad sobre el desenvolvimiento de la institución. El motivo se deriva de la nueva persona que fue nombrada como Director de Derechos de las Personas con Discapacidad el pasado 4 de mayo, Jesús Martín Blanco. Su procedencia del Comité estatal del CERMI implica un grado de complicidad con la línea directiva de la ONCE totalmente determinante para ser juez y parte en una negociación tan estratégica de futuro. Pues son diez años lo que se fija como duración también del nuevo acuerdo y éste recoge las materias más sensibles del funcionamiento de la entidad. Esta distorsión ha condicionado el desarrollo de la negociación, pero la causa profunda de la disfunción viene de la actitud subordinada del gobierno ante la dirección de la ONCE, lo que el PSOE practica desde hace muchos años, por motivos muy poderosos para los socialistas, si bien parte de ellos son inconfesables desde una perspectiva de progreso y de coherencia social. Por eso no podemos descargar de responsabilidad directa a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, con Nacho Álvarez como titular, ni a la Ministra Ione Belarra por su dejación evidente en este proceso. Ambas son dos personalidades políticas muy valiosas, que además asumen un papel muy relevante tanto en la acción de gobierno en general, como en la parcela encomendada a Unidas Podemos en particular, por lo que aún nos resulta más dolorosa esta situación. Toda vez que, aunque los socialistas mantengan su connivencia con la ONCE, Unidas Podemos debe asumir su papel político para defender el control público con todas las consecuencias. Y no consentir que el Ministerio remita documentos elaborados por la dirección de la ONCE, SUSCRITOS por la propia dirección general de Discapacidad, trasgresión absoluta del papel de cada parte. La intervención de PUEDO como asociación de personas afectadas.- Desde la asociación PUEDO hemos procurado incidir de forma clara sobre los contenidos del acuerdo, conociendo en primer lugar el texto vigente, que nunca se nos había facilitado, pero que finalmente se pudo obtener por el Portal de Transparencia, algo de por sí poco normal, pues sería más lógico haberlo conseguido por transparencia de la propia entidad. Actitud desconocida para su dirección, que además oculta con esmero, por ejemplo, los emolumentos descomunales y opacos de sus responsables, los cuales sextuplican, en los casos más importantes, lo que gana el Presidente del gobierno. Una vez valorado, planteamos a los interlocutores de la administración la conveniencia de incluir algunos aspectos relevantes en el nuevo Acuerdo para nuestro colectivo. Se nos prometió audiencia en el proceso y consideración de los temas que pudiéramos proponer. Pero la llegada del nuevo director ofreció pocas opciones de colaboración. El 19 de mayo pasado presentamos un informe sobre las cuestiones que PUEDO entendía como más necesario contemplar en el acuerdo; el 31 de mayo mantuvimos el primer encuentro con el director de discapacidad, quien nos pidió tiempo para estudiar el asunto y nos encareció le remitiéramos otro Informe con las propuestas bien marcadas. El 9 de julio aportamos el documento final en la forma solicitada. El 19 de agosto, celebramos nueva reunión, donde se nos abrieron expectativas positivas para acoger algunas propuestas, quedando pendientes de una última reunión para ver el resultado definitivo de los trabajos. Sin embargo, el 5 de octubre, fecha en que fuimos convocados para ello, vino precedido de un documento, anticipado por el Ministerio, pero de autoría de la once, para responder a nuestras propuestas, como si de preguntas se tratara, para echar abajo nuestros planteamientos. Aprobación y justificación del acuerdo.- Finalmente, el Consejo de Ministros del 2 de noviembre último aprobó el acuerdo general, difundiendo el gobierno un avance de sus contenidos, en el que se señala su relevancia social y la garantía de control por parte de la Administración. No dudamos que esa versión se realiza con buena fe y con honestidad política, pero pensamos que está plagada de una ingenuidad digna de mejor acierto. Además, se muestra un conjunto de promesas megalómanas, que a ver cómo se controlan en la dura realidad. Solo como muestra clara de la acción propagandística de la ONCE, conviene señalar que el deporte Paralímpicos se viene apoyando por la institución desde 1990 en que se creó el Comité Paralímpico Internacional, IPC. O que las ayudas sistemáticas para personas ciegas de América Latina se vienen produciendo desde 1985, cuando se puso en marcha el fondo de Cooperación con dicho colectivo. Anotamos también el escaso trato dado a CCOO de la ONCE, que también remitió sus propuestas, pero a la que se le respondió con el ya citado documento, autoría de la ONCE, por toda respuesta. Menos mal que, también la Dirección General de Ordenación del Juego fue la excepción, recibiéndoles el 26 de octubre con la lógica comprensión que se espera en estos casos de la Administración. Cuestiones pendientes y secuelas de esta negociación fallida.- A parte del tono general de esta negociación, que valoramos negativamente, hay hechos lamentables por medio, como lo fue el que se siguiera dialogando con nosotros después de que el 27 de julio se hubiera cerrado ya el acuerdo, al margen de que la Abogacía del Estado hiciera sus sugerencias posteriormente, o que faltara la ratificación formal del Consejo de Protectorado, que la adoptó en la primera quincena de septiembre. Pero más que ese detalle ofensivo, nos preocupa el tipo de cuestiones planteadas, que no han tenido respuesta: -La garantía de que no se va a denegar la venta a personas ciegas que lo soliciten, por no tener otra forma de trabajo. Nos dicen que son pocos casos, pero lo que pedimos es que ésos se resuelvan. -La no renovación del contrato a vendedores que cumplen con el mínimo de ventas fijado en Convenio, en vez de aplicarles la venta media del centro correspondiente, siempre superior a la anterior, pero que no es exigible sobre lo previsto en Convenio. -La temporalidad en los contratos de los vendedores supera el 30 por ciento, lo que se aleja mucho del 15 por ciento, que la ministra de trabajo defiende. -la expansión del Canal Físico Complementario, CFC, actuando como competencia desleal de la plantilla de vendedores con discapacidad. Algo inasumible, por la desviación de fines sociales que ello implica. Si estas cosas quedan sin resolver, poco podemos confiar en un control equilibrado de la entidad. Más aún, a finales de 2022 habrá elecciones internas, si para entonces no se ha equilibrado el pulso entre Administración y ONCE, la farsa electoral será absoluta y será otra oportunidad perdida para un colectivo que necesita recuperar las posibilidades de participación y de pluralidad. Piénsese que en la última convocatoria electoral de 2018 solo concurrió a los comicios la agrupación del grupo gobernante, cuestión que si no se supera condicionará gravemente el futuro de toda la institución. Fdo.: Ricardo Gayol, Abogado y Presidente de la asociación PUEDO de la ONCE Para volver: pulsar la tecla alt, más flecha izquierda.