Excelentísimo Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales:
La Comisión Gestora de nuestra Plataforma Unitaria de Encuentro para la Democratización de la ONCE (P.U.E.D.O.), compuesta por las personas que se reseñan y firman al pie del presente documento, comparece nuevamente ante V.E. a los efectos que seguidamente se señalan:
1).- Tal como preveíamos y hemos informado preventivamente a V.E., la Dirección de la ONCE ha procedido a adelantar las elecciones generales de la Institución –que hubiera correspondido celebrar en el mes de abril de 2004-, entendemos que por las razones que le expresamos seguidamente:
a) La actual Dirección viene siendo denunciada, tanto internamente como en distintos medios de comunicación, por causa de graves irregularidades cometidas por sus integrantes, básicamente consistentes en apropiaciones indebidas de dinero mediante procedimientos de interposición de sociedades mercantiles para cobrar cantidades que no les corresponden, manipulaciones sobre las emisiones del cupón para que una buena parte de los premios no lleguen al público comprador, claros casos de represión interna y, en general, falta absoluta de funcionamiento democrático de la ONCE.
b) Son conscientes, asimismo, de que la creciente reivindicación interna de democratización resulta imparable y que la misma se traduce en peticiones permanentes que llegan a ese Ministerio procedentes de distintas personas físicas y jurídicas, que piden que cese el actual sistema autoritario y dictatorial imperante en la institución. Por ello, tratan de perpetuarse una vez más y ganar tiempo con una convocatoria adelantada que impida la organización adecuada y con el tiempo necesario de otras opciones políticas en el seno de la entidad.
2).- La convocatoria se realiza consagrando la normativa que se ha venido utilizando en los dos comicios anteriores y que resulta totalmente antidemocrática, tal como es de apreciar a la vista de los siguientes aspectos de la misma:
a) El voto por correo sigue siendo totalmente susceptible de manipulación, pues el votante no está obligado a respetar las prescripciones de la Ley Orgánica 5/1985 reguladora de los procesos electorales generales, con lo que la actual Dirección no tiene más que enviar a un sinfín de trabajadores de la institución, forzados por el miedo a no obedecer, para que éstos recojan una fotocopia del D.N.I. del votante en el domicilio de éste y proceder a remitir su voto por correo.
b) La exigencia de disponer de un mínimo de avales por parte de quienes decidan concurrir al proceso electoral (exigencia aparentemente normal), la han convertido en una “perversión absoluta del sistema”, ya que el grupo del que se sirve la actual Dirección obliga a todos los trabajadores de la ONCE, que tiene sometidos a su férrea disciplina, a que obtengan muchísimos más avales de los que se requieren para cada candidatura, de forma que, luego, como quiera que resulta absolutamente usual que los afiliados en buena medida avalen a diferentes candidaturas, al cruzar los avales de cada cual e invalidar los que están repetidos o duplicados, ninguna candidatura logra presentarse ni de lejos por cada una de las diecisiete circunscripciones electorales existentes en la ONCE.
c) Igualmente, en lugar de constituir Juntas Electorales independientes, tanto a nivel territorial como a nivel central, establecen en su normativa puestos de libre designación en dichas Juntas para personas afines y, por tanto, totalmente parciales, en favor de la actual dirección, quien establece un sistema de sorteo para la provisión del resto de puestos a dichas Juntas, sorteos a los que previamente incitan a concurrir masivamente a personas afines. Con todo ello se provoca una vez más que estos órganos -que debieran ser garantes imparciales de la buena marcha del proceso- sean meras coberturas formales de aparente normalidad. Para mayor clarificación de cuanto se dice, baste saber simplemente que, como jurista supuestamente independiente para el asesoramiento de la Junta Electoral Central, han designado a D. Oscar Alzaga Villamil, persona que, sin perjuicio del respeto profesional que pueda merecer, es letrado de la Dirección de la ONCE para multitud de asuntos, por lo que resulta altamente cuestionable la imparcialidad que para el caso se requiere.
d) De la misma forma, en cuanto a la provisión de las mesas electorales, no existe ninguna garantía de control y preservación del proceso mismo de votación, puesto que, dado el clima de absoluta carencia de funcionamiento democrático, se requeriría al menos la presencia de un funcionario público en cada una de esas mesas.
e) En suma, existe además una total, grosera y obscena utilización de todos los medios institucionales por parte de la actual dirección de la ONCE a favor de su grupo, con lo que la concurrencia electoral en pie de igualdad resulta definitivamente imposible.
f) En concordancia con lo dicho en las letras precedentes y para demostrar que cuanto se denuncia en ellas es así de terriblemente duro y evidente, basta únicamente con ver el hecho de que aun cuando se han obtenido diversas resoluciones y sentencias judiciales que han venido a dar la razón de todo cuanto se denuncia, tales sentencias y resoluciones, por mor del funcionamiento de los calendarios de la Administración de Justicia Ordinaria, llegan siempre de forma absolutamente tardía y por tanto inútil, pues recaen por lo general cuando ya está agotada la legislatura que se inició con el proceso que dio lugar a las denuncias.
Ello nos obliga a reclamar que se establezca en la normativa electoral de la ONCE la existencia de una Junta Electoral imparcial y dependiente exclusivamente de ese Ministerio.
3).- Los comparecientes venimos denunciando ante este Ministerio todas estas irregularidades y otras muchas desde hace ya algún tiempo, sin haber recibido hasta el momento presente contestación en ningún sentido.
Seguimos considerando que nuestra institución precisa en el momento presente de la inmediata y urgente actuación del Ministerio del que V.E. es titular, mucho más en esta “huída hacia delante”, esta superchería pseudodemocrática de adelantar las elecciones internas que no representa sino una especie de “autogolpe” que la actual y autocrática dirección se da a sí misma para tratar de perpetuarse en el poder.
4).- A poco que V.E. decida profundizar mínimamente en la situación que se describe, podrá observar sin dificultad alguna lo siguiente:
a) Si investiga lo necesario: que las emisiones del cupón se manipulan abiertamente, provocando que la institución se convierta en jugadora de sí misma y actúe en fraude de los verdaderos clientes, puesto que, al existir premio a las series y quedar siempre como mínimo más de un 30% de estas sin ser puestas a la venta y casi un 50% sin ser efectivamente vendidas, el cálculo de probabilidades indica que, por puro comportamiento estadístico, al cabo de una determinada secuencia de sorteos ese porcentaje de premios a la serie queda sin repartir. Esta perversión del sistema que tanto nos preocupa por lo que puede comportar de deterioro del prestigio de la base esencial del cupón es fácilmente corregible mediante dos actuaciones ciertamente sencillas: uno, obligar a la Dirección de la ONCE a que emita un volumen de cupón que sea sólo superior a lo efectivamente vendido en la cantidad técnicamente precisa (10-12%) y que, en ningún caso, ese excedente pueda ser eliminado de la comercialización en forma de sustraer de ella series completas. Y dos: que, en todo caso, los premios que, aun a pesar de haber aplicado la regla del número anterior pudieran quedar sin repartir, sean obligatoriamente acumulados en un bote o fórmula similar que haya de ser sorteada de manera especial y específica y en forma que el público comprador conozca muy a las claras que la ONCE no se queda con ningún premio.
b) Si indaga lo preciso: que la corrupción interna es manifiesta, como lo demuestran los recientemente denunciados casos de apropiación indebida protagonizados por la cúpula directiva en forma de interposición de sociedades mercantiles para cobrar cantidades importantes de dinero al margen y además de sus cuantiosos sueldos que, aun cuando no publican, sabemos fehacientemente que están por encima de los sesenta millones de pesetas (360.000 euros) anuales para el Presidente del Consejo General, su Vicepresidente Primero -y persona que preside el grupo político Unidad Progresista, y que es quien verdaderamente mueve todos los hilos de la institución- y el Director General.
c) Si averigua lo mínimo imprescindible: que el grado de desprofesionalización, amiguismo y nepotismo ha alcanzado cotas inimaginables y que todo ello está conduciendo a la institución a un deterioro que puede acabar por situarla en una posición de difícil o imposible recuperación. A mayor abundamiento baste tener presente que la Dirección actual de la ONCE llega, incluso, a denegar el acceso a la venta del cupón a personas ciegas y en no pocos casos les otorga la venta mediante contrato temporal y los expulsa a capricho de la relación de trabajo si no consienten en su afiliación al partido único, Unidad Progresista, y al sindicato de empresa que le sirve de correa de transmisión, Unión de Trabajadores de la ONCE.
d) Si imparte las instrucciones suficientes para que se realice una auditoría rigurosa, podrá comprobar:
Uno.- Que la Fundación ONCE es una tapadera en la que se insertan programas que afectan a personas ciegas, con lo que la ONCE, como fundadora, está traicionando el espíritu y la letra de la propia esencia de la Fundación que, como V.E. debe saber, sólo debe destinar sus recursos a personas con discapacidad distinta de la ceguera.
Dos.- Que la corporación empresarial sigue siendo regida sin criterios profesionales y que, por ello, sus empresas son mayoritariamente deficitarias y tienen que apelar permanentemente a recibir fondos de financiación provenientes de la institución matriz, o sea, de la ONCE. Baste fijarse solamente a estos efectos en el acuerdo recientemente adoptado por el Consejo General en el que, conscientes de los déficits acuciantes de las distintas vertientes de la institución, deciden habilitar un endeudamiento global para el trienio 2002-2004 de 750 millones de euros (125.000 millones de ptas. aproximadamente), lo que indica el grado de deterioro en el que la institución está cayendo respecto de su funcionamiento económico.
Tres.- Los servicios sociales han devenido prácticamente inexistentes; y los que existen aún formalmente se prestan con gran precariedad y enorme dilación.
5).- Aduce la actual Dirección de la ONCE como motivo importante para el adelanto de las elecciones el de querer renegociar con el Gobierno de la nación el acuerdo de cinco de marzo de 1999, con la pretensión de querer arrancar del Gobierno mayores cotas de libertad para el funcionamiento del cupón y de la ONCE en general como agente del juego de azar.
Nos parece sinceramente difícil o, más bien, imposible que pueda ser tomado en serio este motivo por las siguientes razones:
a).- Pese a lo que el Consejo General aduce en recientes acuerdos adoptados durante el mes de marzo al respecto del grado de cumplimiento de la parte correspondiente a la ONCE en el ya citado acuerdo con el Gobierno, no es cierto que tal cumplimiento se haya dado, pues ni se dan cifras reales ni se aportan pruebas de dicho cumplimiento, salvo que se permita a la dirección de la ONCE el fraude de contabilizar, por ejemplo, como medidas de fomento de la formación y del empleo cosas que competen directamente a ella, no por virtud del ya aludido acuerdo con el Gobierno, sino por mera coherencia con lo que se establece en la normativa vigente como obligación estrictamente de la ONCE en materia de servicios sociales; o que se le permita computar como cantidades destinadas a servicios sociales aquellas que como mucho podrían tener una relación puramente indirecta con lo que concierne a las políticas sociales.
b).- Difícilmente la Dirección de la ONCE podrá atribuirse la legitimidad necesaria para negociar con el Gobierno de la nación si ésta ha de nacer de un proceso electoral amañando y, por tanto, antidemocrático, fuera de todos los parámetros mínimamente exigibles para homologarlo al marco de funcionamiento democrático y pluralista que establece la Constitución Española vigente. Por esto, entendemos los comparecientes que es obligación de ese Ministerio, en virtud de ostentar la titularidad de la tutela que el Estado ejerce sobre la ONCE, crear las condiciones necesarias para que se desarrolle la confrontación electoral con arreglo a los mínimos exigibles de comportamiento y perfiles democráticos.
6).- Los aquí comparecientes entendemos que, además, se hace precisa una renovación en profundidad del actual sistema de representación, renovación que debe llevarse a cabo bajo los auspicios del Gobierno de la nación, representado por ese Ministerio y los demás que le asisten. Los motivos que aducimos para ello son los siguientes: además de todo lo denunciado acerca de la falta de democracia interna, debe tener presente que con arreglo a la actual normativa electoral los miembros del Consejo General no son elegidos directamente por los afiliados de la ONCE, dándose, por así decirlo, una especie de elección o designación de segundo grado. En efecto: como se puede ver, primero se eligen los Consejeros Territoriales y, luego, de entre estos se designan (no se eligen) por cada fuerza política concurrente los que habrán de ocupar cada una de las quince vocalías del Consejo General. Nuestra Plataforma reivindica la necesidad de que se promueva una reforma de la normativa que permita que los afiliados elijan directamente a los miembros del Consejo General, lo cual se puede llevar a cabo por cualquiera de estos dos procedimientos alternativos siguientes:
a).- Elección directa de cada uno de los quince miembros, tomando como circunscripción única el conjunto del territorio nacional, cuestión esta perfectamente aplicable con arreglo a lo establecido en el vigente Real Decreto que nos regula.
b) Determinación de que el Consejo General esté constituido, en su conjunto, por todos y cada uno de los Consejeros Territoriales directamente elegidos por los afiliados, fórmula que sí requeriría un cierto cambio en el mencionado Real Decreto que así lo determinase.
Sólo con cualquiera de estas dos fórmulas se podría profundizar en el funcionamiento verdaderamente democrático de la institución y constituir un sistema realmente representativo de los electores.
7).- En coherencia con lo aquí denunciado, nuestra Plataforma formula ante V.E. impugnación formal del proceso electoral puesto en marcha por la actual Dirección de la ONCE.
8).- Por todo cuanto antecede, los que tenemos el honor de dirigirnos a V.E. reclamamos del Gobierno Español y específicamente de ese Ministerio la adopción de las siguientes medidas:
a) Se acuerde la inmediata suspensión del proceso pseudoelectoral puesto en marcha.
b) Se convoque urgentemente a los distintos interlocutores organizados en el seno de la ONCE a fin de mantener con ellos los contactos precisos para clarificar o esclarecer plenamente las denuncias formuladas.
c) Se abran formalmente las investigaciones necesarias para esclarecer todos los aspectos irregulares aquí denunciados.
d) Se abra un proceso verdaderamente participativo de debate interno en el seno de la ONCE bajo la tutela y supervisión del Ministerio de Trabajo, a fin de llegar a establecer de nuevo las normas mínimas de funcionamiento plural y democrático exigibles en una institución de Derecho Público como la ONCE.
Madrid, 8 de abril de 2003
Fdo. La Comisión Gestora Estatal
Miguel Durán Campos
José Ricardo Gayol García
Inocencio Rial Romero
José Antonio Astasio Toledo
César Delgado González
María Soledad Hormigo Núñez
Dumitru Butta Purcil
Verónica Iglesias Iglesias