Compañeras y conpañeros: Dentro de nuestras aportaciones a la comisión de Reconstrucción social y Económica, nuestro segundo documento se centró en las Propuestas en materia de diversidad Funcional/discapacidad, que elaboramos conjuntamente con la Plataforma democrática de la diversidad Funcional, PDDF, de la que PUEDO forma parte. Al igual que en el caso anterior, la hemos tramitado a trabés del grupo de Trabajo de Política social y sistema de Cuidados de dicha comisión. os invitamos a su estudio y valoración, para mejorar nuestra implicación en el sector de la discapacidad, como línea estratégica de PUEDO hacia el futuro. Un cordial abrazo, Ricardo Gayol, Presidente de PUEDO Propuestas en materia de Diversidad Funcional/Discapacidad, presentadas por la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional PDDF, conjuntamente con la Asociación PUEDO de la ONCE. A la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados (Grupo de Trabajo de Política Social y Sistema de Cuidados): Al objeto de que se tomen en consideración, dentro de las conclusiones de ese Grupo de Trabajo, planteamos, respecto al ámbito de la diversidad funcional y la discapacidad, las siguientes propuestas: 1. DIVERSIDAD FUNCIONAL/DISCAPACIDAD EN EL ACTUAL CONTEXTO DE CRISIS: Los últimos gobiernos, siguiendo las políticas neoliberales de la Troika, han acelerado el ataque a los derechos de la mayoría social de nuestro país provocando un proceso de empobrecimiento de las clases populares para beneficio de la minoría capitalista dominante que se concreta en un descenso brutal de derechos básicos, salarios, sanidad, educación etc. Esta política cruel y despiadada estaba ya llevando la situación del Estado de Bienestar a unos niveles comparables con los de hace treinta años. Esta situación se reflejaba antes de la pandemia en el sector de Bienestar Social por medio del incumplimiento, de una u otra forma de las leyes, originando el abandono de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad (personas sin recursos, dependencia, inmigrantes, pobreza infantil, mayores, discapacidad, etc.). Como objetivos principales se plantea: - Incorporar actuaciones básicas y centradas en la mejora del actual modelo educativo, siendo la nueva Ley de educación en trámite, una buena oportunidad para avanzar en el mismo - La potenciación de la autonomía personal para prevenir la dependencia y mejorar los niveles de integración. - La accesibilidad universal y el diseño para todos. - La sanidad y los servicios sociales como sistemas básicos y esenciales que deben verse contemplados en un Plan Estatal que redunde en la búsqueda de una mayor participación social del colectivo, de más apoyo a las familias, y de la promoción y reconocimiento de la labor que desarrolla el sector de la discapacidad, potenciando positivamente el crecimiento de cada Comunidad. 2. EMPLEO: Debido al retraso, de más de 38 años desde que se aprobó la LISMI, en el cumplimiento de la Ley por parte de los gobiernos del país, proponemos una serie de medidas que vengan a hacer justicia con el colectivo en esta materia tan importante para su Inclusión Social. - Aumentar hasta el 5% de trabajadores con Discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores - Realizar un plan especial de incorporación en la Administración Pública que sitúe en primera instancia la incorporación en el 2% en 2 años - Que las empresas de más de 250 trabajadores cumplan la Ley incorporando a Personas con Discapacidad al trabajo normalizado - Modificar el capítulo de infracciones en la Ley 1/2013 endureciendo las penalizaciones de tal forma que no salga "a cuenta" incumplir la Ley. - Revisar el reglamento y las funciones de los CEE (Centros Especiales de Empleo) de forma que cumplan con el papel que les asigna la Ley (mecanismos de tránsito hacia el empleo ordinario). Para ello la administración articulará un procedimiento y dispondrá los medios para su cumplimiento. - Establecer un salario mínimo de convenio (1.100€) para la figura del operario de los CEE. - Que las administraciones públicas exijan obligatoria mente el cumplimiento de la Ley en los procedimientos de contratación. - Que sea imprescindible el cumplimiento de la Ley para la firma de convenios laborales. - Crear un organismo de control social que supervise el cumplimiento de las medidas anteriores. 3. AUTONOMÍA PERSONAL, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA: - Priorizar una cobertura adecuada de la Atención Temprana. Recuperar la prestación de los apoyos formales e informales, a fin de evitar el deterioro del ámbito familiar. Incorporar a los Ayuntamientos en la gestión de la cartera de servicios/prestaciones de la Ley 39/2006, (Ley de Dependencia), dotándolos de las herramientas jurídicas, administrativas y económicas necesarias; considerando la aplicación de las medidas que permitan revertir la tendencia marcada por la pretendida y fallida reforma local. Incrementar la cobertura real de la figura del asistente personal, dentro de las posibilidades ofrecidas por la Ley, o en su caso, promover su modificación al respecto. 4. SANIDAD: - Programa de Atención Temprana en toda la red social y sanitaria, con la dotación de recursos pertinente. Plan de inclusión en el Dispositivo de Información Sanitaria Estatal de Salud de datos específicos sobre el colectivo de Personas con Discapacidad desde la óptica de la valoración, prescripción, tratamiento y seguimiento. Un plan de formación de los recursos humanos técnicos y de apoyo del Sistema de Salud en el ámbito de las discapacidades, así como de las características y necesidades específicas de las Personas con Discapacidad. 5. MODELO EDUCATIVO: - Es necesaria la elaboración de un libro blanco para la puesta en marcha de la escuela inclusiva para alumnos con discapacidad en todo el estado, pues aún se observan serias carencias que subsanar, por ejemplo, la dotación de plazas de integración en los distintos centros públicos, evitando la escasez de cobertura en algunos y la excesiva concentración en otros, así como un nivel de apoyo pedagógico suficiente en cada centro con alumnos integrados. Iniciativa que se deberá ajustar a la situación resultante de la entrada en vigor de la nueva Ley, en la medida que fuera conveniente. 6. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS: - La Accesibilidad Universal no tendrá un avance significativo sin la aplicación del Reglamento de Desarrollo del Régimen Sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras. Será fundamental fomentar con absoluta prioridad la accesibilidad de las páginas web de todos los servicios públicos, especialmente los de uso mayoritario por la ciudadanía. 7. PERSPECTIVA DE GÉNERO: - Reconocimiento de la interlocución de las organizaciones de mujeres con o sin discapacidad para el seguimiento de los futuros Planes Estatals de Personas con Discapacidad, quienes centrarán su atención en el principio de transversalidad con todas las áreas de trabajo del propio Plan, dada la trascendencia de esta materia y la necesidad de seguir luchando contra la discriminación de género en nuestro entorno social. 8. SERVICIOS SOCIALES: - Coexistencia articulada del Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia con los actuales Servicios Sociales reconocidos como un derecho subjetivo de los ciudadanos. - Corregir la tendencia a la baja de los ratios de atención que afecta a gran número de personas con discapacidad física y /o intelectual, unido al crecimiento constante del colectivo de mayores. - Revertir la privatización generalizada de servicios sociales, manteniendo la responsabilidad pública de su cobertura y gestión. - Garantizar la coordinación socio-sanitaria en todas las planificaciones inherentes al sector de la discapacidad y al de personas mayores. - Estudio de las necesidades sociales del sector - Creación de un Observatorio sobre la Situación Social de la Discapacidad para el conocimiento real y actualizado de la problemática del colectivo para la implementación de las medidas correspondientes. 9. PARTICIPACIÓN COLECTIVA Y CONTROL: - Democratización de todas las organizaciones del sector de la Discapacidad, como condición para su reconocimiento y apoyo por los poderes públicos y control por la Administración de la correcta aplicación de los recursos a los fines sociales y del cumplimiento de éstos. - Mantener interlocución abierta y plural con todas las organizaciones sociales del colectivo, con independencia de su posición política, introduciendo incluso espacios de participación individual o grupal no condicionado por las organizaciones formales, superando la interlocución exclusiva de las grandes organizaciones como el CERMI, que suplantan la pluralidad del sector. 10. PROGRAMAS TEMPORALIZADOS: - Implementar programas de atención urgente para personas o familias en situación de emergencia o de necesidad de cuidados en razón de la discapacidad para situaciones temporales reversibles y debidamente justificadas. 11. LAS RELACIONES DE LA ONCE CON EL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD Y CON EL TERCER SECTOR, UN MODELO A CORREGIR: El empoderamiento de la ONCE en la sociedad española como actor relevante dentro de la economía y la iniciativa social no puede ser un pretexto para construir un lobby antidemocrático bajo el manto de la solidaridad. Justamente, el papel dinamizador de la protección social pública o de la iniciativa sin ánimo de lucro, debe pasar inexorablemente por el respeto a la legalidad democrática y al papel de los agentes sociales, políticos y económicos de nuestro sistema constitucional. Los atajos para conseguir cotas de poder a costa de la acción social denotan un protagonismo interesado para eludir el Estado de derecho y para establecer poderes paralelos que actúan aún con más impunidad que los poderes establecidos, aunque se cubran con el enunciado aséptico de "diálogo civil". Por ello, entendemos que la ONCE puede jugar un rol dinamizador de la iniciativa social, pero respetando las reglas del juego y siendo transparente en sus actuaciones. La gestión hace tiempo de la entrada de FLISA en la Lavandería Central Hospitalaria es una muestra clara de lo que no se debe practicar. Movimiento que afortunadamente fue contestado con contundencia desde las mareas ciudadanas, pero supuso un desprestigio indeseable para la ONCE. Respecto a la Discapacidad, resulta indudable que la ONCE debe evolucionar hacia un tipo de relación mucho más igualitaria: - Abriendo la Fundación ONCE a la corresponsabilidad de los demás colectivos para los que se creó. Manteniendo en todo momento la aportación del 3 por ciento de sus ingresos por la venta de sus juegos a la fundación ONCE, en la forma establecida por las normas vigentes. - Participando en el CERMI o en otras plataformas sectoriales como uno más y no como depositario de un veto permanente de ortodoxia. - Mejorando las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad en sus empresas, especialmente de los trabajadores con discapacidad intelectual. - Evitando la utilización grosera de ese colectivo para movilizaciones de pura imagen sin contenido social alguno, como las de 2-12-12 y 2-6-13. - Renunciando a la manipulación del personal de Ilunion para engordar la parafernalia de los Congresos a la búlgara de Unidad Progresista (grupo gobernante en solitario en la entidad), pagándoles en vales de El Corte Inglés por hacer testimonios laudatorios de su gestión en favor de la Discapacidad. 12. LA TUTELA DEL ESTADO COMO APOYO Y CONTROL PÚBLICO DE LA ONCE COMO ACTOR DE LA DISCAPACIDAD Las carencias de la función tutelar de la Administración Pública sobre la institución han sido evidentes en los últimos tiempos. Por tanto, constituye una asignatura pendiente para su colectivo y el de la discapacidad en general contar en la ONCE con una autonomía organizativa democrática y con un control público solvente. El autogobierno de la ONCE o es democrático o se convierte en un gueto al servicio de una élite dirigente de los ciegos sin garantías de derechos ni corresponsabilidad interna. Por eso, la primera función de la tutela debe ser el restablecimiento de la normalidad democrática en la entidad. Conseguido ese objetivo previo, las relaciones ONCE-Gobierno deben desarrollarse desde la transparencia, la cooperación y la corresponsabilidad, en un ámbito técnico- político dirigido a la solución de problemas sociales y económicos. En este contexto, el control parlamentario de la actividad institucional ha de entenderse como una garantía añadida para el cumplimiento de los fines sociales. Si la ONCE prosigue ejerciendo ese papel hegemónico en el sector de la discapacidad, lo lógico sería que se incrementara estructuralmente el control parlamentario, como ocurre por ejemplo con RTVE. En todo caso, en una nueva norma legal debe clarificarse el contenido político de la tutela a fin de evitar dejaciones irresponsables como las actuales. Igualmente, se hace necesario que la ONCE esté obligada a cumplir la Ley de Transparencia, debido a la relevancia de sus actuaciones económicas y sociales, por lo que urge modificar dicha norma para establecer esa exigencia. Madrid, a 10 de junio de 2020. Fdo.: Carmen Bonet Borrás, Presidenta de la PDDF. Fdo.: Ricardo Gayol, Presidente de PUEDO. Para volver: pulsar la tecla alt, más flecha izquierda.