Amigas y amigos, nuestra asociación PUEDO ha seguido con interés la puesta 
en marcha de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso 
de los diputados en la que se produjo la comparecencia del Presidente de la 
ONCE el pasado 2 de junio, hecho que ya comentamos en nuestra última nota 
estatal.
En nuestro caso, hemos aportado diversas propuestas para estudio del Grupo 
de trabajo de Política Social y sistema de cuidados, integrante de dicha 
Comisión.
Como quiera que las conclusiones finales de la Comisión, probablemente serán 
muy reducidas en su contenido, dado el contexto político en que serán 
aprobadas el próximo 22 de julio, pretendemos que nos sirvan de referencia 
política para nuestro trabajo de futuro.
Como primera entrega, os remitimos las Propuestas relativas a los elementos 
prioritarios para la transformación de la ONCE, para vuestro estudio y análisis.
AGRADECEMOS VUESTRO INTERÉS Y ESPERAMOS CONTRIBUIR A UN 
DEBATE ABIERTO Y PONDERADO PARA LOBRAR LOS OBJETIVOS 
SOCIALES Y DEMOCRÁTICOS QUE NUESTRO COLECTIVO PRECISA 
PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
Cordiales saludos,
 
Ricardo Gayol, Presidente de PUEDO.


PROPUESTAS DE LA ASOCIACIÓN PUEDO DE LA ONCE 
SOBRE ELEMENTOS PRIORITARIOS A TRANSFORMAR EN EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD
A la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los 
Diputados, Grupo de Trabajo de Política Social y Sistema de Cuidados:
En representación de la Asociación Plataforma Unitaria de Encuentro para la 
Democratización de la ONCE, en adelante PUEDO, planteamos a esa Comisión 
parlamentaria, a través del grupo de Trabajo correspondiente, las iniciativas que 
consideramos más indispensables para reconducir la actuación de la ONCE, 
tanto en este contexto de la salida de la crisis de la pandemia del COVID-19, 
como de cara a sus perspectivas de futuro como institución de carácter social, 
tutelada por el Estado y concesionaria de un conjunto de Juegos, destinados a 
generar empleo para personas con discapacidad y a captar recursos económicos 
para cumplir los fines sociales que le competen respecto a las personas ciegas 
específicamente y también a la discapacidad en general (según el Real Decreto 
358/91 de 15 de marzo, en su texto refundido), que la regula, y mediante las 
estructuras orgánicas, técnicas y de gestión, establecidas al efecto. Todo ello 
asimismo por considerar que la Reconstrucción que nos atañe requiere un nivel 
de justicia redistributiva, al que deben someterse organizaciones como la ONCE 
y el CERMI, cuyo funcionamiento se aleja de los parámetros de equidad y 
transparencia que les son exigibles como referentes de un movimiento 
asociativo en graves dificultades, que no casan coherentemente con el poder 
social y político y, sobre todo con el status económico de sus dirigentes.
1a.- Medidas urgentes en el ámbito de la venta de los juegos ONCE en relación 
con el empleo:
l.l.	Como quiera que, de facto, en el retorno a la actividad comercial, 
después de la aprobación del estado de alarma, se ha dado preferencia a la 
venta por parte del denominado Canal Físico Complementario (CFC) el cual no 
genera empleo directo alguno ni de personas con discapacidad ni de otros 
trabajadores, iniciando el 25 de mayo su despliegue, mientras que la plantilla de 
vendedores de la ONCE, toda ella de personas con discapacidad, no retorna a la 
venta hasta el 15 de junio, se produce una incoherencia grave, pues denota una 
prevalencia del CFC respecto a la plantilla, cuando debiera ocurrir exactamente 
lo contrario, ya que es el empleo de esas personas lo que debe resultar 
prioritario para la institución, proponemos: "Que se valore, tras el primer mes 
de venta de la plantilla, la incidencia de la nueva normalidad, de manera que si 
el descenso de las ventas de la misma alcanzara el 10 por ciento de caída, se 
restrinja la actividad del CFC en un 25 por ciento, pudiendo llegar a su 
suspensión total si esa bajada de la venta de plantilla superara el 30 por ciento. 
Todo ello al margen de que la competencia con la sociedad Estatal de Loterías y 
Apuestas del Estado, SELAE, sea más o menos deficitaria para la ONCE, toda 
vez que son ingresos públicos que favorecen a toda la ciudadanía, mientras que 
el CFC puede constituir en circunstancias como éstas una competencia desleal 
de la propia ONCE con sus trabajadores con discapacidad".
1.2.	Al objeto de garantizar la continuidad en el empleo de la plantilla de 
vendedores con discapacidad de la ONCE, y ante las previsibles dificultades 
comerciales de la nueva etapa post-pandemia, contando además con que en la 
actualidad existen 4.800 contratados temporales y 500 interinos 
aproximadamente en la venta de un total de unos 19.100 de plantilla , se 
propone: "Que se suspenda durante un periodo mínimo de un año la aplicación 
de la exigencia de la cifra de recaudación de cada vendedor, para la decisión 
sobre su renovación de contrato o, en su caso, su nueva contratación, ni para 
proceder al despido, no pudiendo igualmente denegar la venta a ninguna 
persona ciega que lo solicite y que reúna los requisitos legales, físicos y 
psíquicos pertinentes".
2a.- Nuevo Modelo de Participación Política y Regeneración Democrática:
2.1.	Ante la situación anómala de que el Consejo General de la ONCE 
(máximo órgano de representación del colectivo) esté integrado en su totalidad 
por miembros de un único grupo político interno, lo que comporta que toda la 
dirección de la entidad e incluso su representación en el órgano de tutela, el 
Consejo de Protectorado, radicado en el Ministerio de Derechos Sociales, están 
monopolizadas por ese grupo gobernante en la entidad, quedando patente que 
la Normativa Electoral utilizada para los procesos electorales internos ni respeta 
las condiciones objetivas aplicadas en la LOREG , ni garantiza el pluralismo 
político contemplado en la Constitución Española, hasta el punto de que en la 
última convocatoria electoral el grupo citado, denominado Unidad Progresista, 
ha concurrido en solitario a los comicios, todo ello a pesar de que el art. 3° de 
los Estatutos de la ONCE define la "democracia interna" como principio fundante 
de la institución ,proponemos: "Que el Ministerio de Derechos Sociales, junto 
con el resto de departamentos ministeriales partícipes en el Consejo de 
Protectorado, constituyan una Mesa para la democratización de la ONCE con 
presencia de las asociaciones y sindicatos con implantación en la entidad, al 
objeto de promover un nuevo Modelo de Participación Democrática en la ONCE 
que asegure el pluralismo político y la limpieza de los procesos de participación 
democrática para la formación de los nuevos órganos institucionales, adoptando 
el mecanismo más adecuado para cumplir tales objetivos sin descartar un 
proceso transitorio tutelado por la administración".
2.2.	Como consecuencia del monopolio de poder que ejerce en la ONCE su 
grupo gobernante, Unidad Progresista, existe una estructura megalómana de 
cargos representativos, directivos y mandos intermedios de la institución, sin 
contar los existentes en las fundaciones y entidades pertenecientes al Grupo 
Social ONCE y al grupo empresarial ILUNION, sin que por otro lado exista la 
mínima transparencia sobre la cuantía de los emolumentos de dichos cargos, ni 
siquiera después de la vigencia de la Ley de Transparencia, si bien se conoce de 
forma confidencial su carácter descomunal, lo que ha quedado patente al entrar 
en ERTE la plantilla de trabajadores de la entidad, dejando fuera a 359 cargos 
de confianza de forma abusiva para el resto de afectados, proponemos: "Que 
con efectos de 15 de junio de 2020, las retribuciones de los cargos directivos de 
la ONCE se adecuen a las cuantías vigentes para los responsables homólogos de 
la Administración General del Estado, extensible a los cargos representativos y 
mandos intermedios, bajo la supervisión estricta del Consejo de Protectorado. 
Abordando asimismo una reducción significativa de cargos directivos y de 
mandos intermedios, para su sustitución por una estructura técnica acorde con 
las necesidades del servicio a atender, siempre que fuera preciso, y con 
procesos selectivos objetivos y transparentes".
2.3.	Dentro de la ONCE existe una persecución evidente a nivel sindical y 
político, acreditada por distintas sentencias judiciales, por la que la dirección 
privilegia a los miembros del sindicato y grupo afín y discrimina a los 
componentes de las organizaciones sindicales y políticas del sector crítico. Ello 
implica que en las relaciones laborales, en las relaciones asociativas y en la 
atención social, se margina a los opositores, aspecto especialmente grave en el 
periodo complicado que se avecina. Con el fin de evitar las consecuencias de 
esta desviación institucional, proponemos: "Que el Consejo de Protectorado 
fije los criterios objetivos convenientes para que la dirección de la ONCE 
practique una neutralidad absoluta respecto a la actividad interna de los grupos 
o asociaciones políticas y sindicatos, facilitándoles los medios institucionales 
adecuados para su funcionamiento, en base a la legalidad sindical vigente y a la 
equidad entre los distintos intervinientes. Creando un dispositivo para la 
recepción de quejas y reclamaciones al respecto, que puedan ser sustanciadas 
por el órgano de tutela, en tiempo y forma adecuados a la problemática 
existente".
3a.- Los Servicios Sociales Especializados para personas con discapacidad visual 
como punta de lanza de la nueva etapa de la ONCE:
3.1.	Tras una expansión considerable en los años ochenta y su posterior 
mantenimiento en los noventa, los Servicios Sociales de la ONCE, sin dejar de 
ser una red importante de atención social a los afectados, han caído en un claro 
estancamiento y pérdida de iniciativa, que es preciso atajar, para que la 
institución, como entidad prestadora de servicios, pueda cumplir la función que 
se le ha delegado por el Estado para esa atención especializada, en base a lo 
previsto en el art. 2° del Real Decreto vigente, a cuyo objeto, se propone: 
"Establecer a partir de la formulación de los Presupuestos de la ONCE para 
2021, la dotación íntegra del 10 por ciento del Presupuesto de Gastos para la 
prestación de servicios especializados para personas ciegas, sin incluir el 
porcentaje de gasto general que se pudiera estimar, ni otros gastos de gestión , 
que no se refieran específicamente a la atención social especializada".
3.2.	La forma monolítica de actuación de la dirección de la ONCE subordina la 
prevalencia de la intervención social de los profesionales de los servicios sociales 
a la conveniencia política del grupo gobernante para captar apoyos de los 
nuevos afiliados y de las personas ciegas sin actividad laboral en la ONCE, lo 
que determina que aspectos tan cruciales desde el punto de vista de la atención 
social como la acogida del usuario, se interfieran gravemente con actividades 
ajenas e incluso contraproducentes con su estado psicológico. Igualmente, la 
absorción de las personas mayores y jóvenes, basada en sus necesidades 
propias, por parte de la dirección para su grupo político, en lugar de afrontar su 
problemática concreta con una perspectiva promocional y de acompañamiento 
de los itinerarios correspondientes, produce un efecto clientelar totalmente 
negativo para su apoyo y para la participación libre y democrática en la 
Organización. Por lo cual, se propone: "Fijar por acuerdo del Consejo de 
Protectorado y, en su día, por norma legal, que los servicios sociales de la ONCE 
funcionarán exclusivamente bajo el criterio de profesionalidad, en base a los 
requerimientos técnicos de cada caso, siendo la institución el soporte material 
para la disponibilidad de los recursos humanos, económicos y técnicos 
necesarios para la atención de que se trate, sin interferencia institucional alguna 
en la relación con el usuario, que no suponga cobertura de la mera gestión 
administrativa precisa y la responsabilidad directiva que garantice la prestación 
de servicios pertinente. Quedando luego a la libertad plena de la persona ciega 
su implicación institucional y la pertenencia a cualquier grupo, asociación o 
sindicato que desee sin presión alguna por parte de la ONCE. La actividad de los 
colectivos específicos como mayores, jóvenes, etc., contará con apoyo 
institucional, en base al Plan de Actuación aprobado, pero su desarrollo y 
ejecución se llevará a cabo por equipos profesionales y, en su caso, con la 
colaboración del voluntariado, siempre de forma estrictamente complementaria, 
sin que tales programas comporten vinculación alguna con ningún grupo 
político, por lo que la intervención directiva será meramente de facilitación de 
los medios necesarios para su realización".
3.3.	El creciente recorte de la actividad institucional de la ONCE en los 
territorios menos poblados del Estado, con la desaparición incluso de sus 
agencias en 4 capitales de provincia, comportó también un rebaje en la 
prestación de servicios en las zonas más deprimidas. Aunque ahora con cierto 
oportunismo se haya anunciado el retoque de esa política, se propone: "Que la 
cobertura de los servicios sociales de la ONCE alcance en toda su plenitud a la 
totalidad del territorio del estado español, con presencia directa en todas las 
dependencias territoriales de la entidad, como mínimo a nivel provincial, que 
facilite el acceso a los mismos de toda persona ciega para la atención social 
básica. Los equipos interdisciplinares de ámbito territorial contarán con la 
dotación profesional correspondiente de acuerdo con las ratios fijadas, en base 
a la población a atender y a otros elementos de incidencia como la dispersión 
geográfica, para la adecuada intervención social destinada al colectivo. 
Igualmente, se garantizará a los usuarios en zonas de despoblación el mismo 
acceso a los medios tecnológicos y demás ayudas técnicas que al resto de la 
afiliación. Se cuidará siempre el respeto activo al uso por los usuarios de las 
lenguas cooficiales con el castellano en los distintos territorios, sin que se pueda 
producir discriminación alguna ni en la práctica profesional, ni en la 
disponibilidad de medios materiales".
4°.- Imagen Institucional y Colaboración Social:
4.1.	La publicidad de la ONCE ha adquirido una dimensión enorme, que no se 
justifica ni con su necesidad comercial, ni tampoco con la información y difusión 
sobre sus Servicios Sociales, pudiendo percibir que ese exceso de inversión 
publicitaria encierra una intención indisimulada de anestesiar a los medios para 
que nunca acojan noticias críticas sobre la dirección, lo cual es comprobable 
cotidianamente. Por ello, proponemos: "Reducir en el periodo de dos años el 
presupuesto de publicidad de la ONCE en un 60 por ciento, de forma 
secuenciada hasta alcanzar dicho objetivo. Se evitará la publicidad de mera 
divulgación de la imagen institucional, centrando las actuaciones en la difusión 
de los Juegos ONCE, dentro de los límites estrictos de la legalidad vigente, y en 
la divulgación de sus Servicios Sociales, con carácter informativo y no 
autocomplaciente"
4.2.	La ONCE realiza un uso de la colaboración social abusivo y utilitario para 
fines políticos de la dirección y su grupo político. De un lado, se echa mano del 
voluntariado de forma excesiva para funciones a atender por profesionales, 
como ha quedado patente durante la pandemia, enviando al ERTE a gran parte 
de sus equipos multidisciplinares, pero dejando activos a quienes coordinaban al 
voluntariado. Y de otra, se hace uso de voluntarios y de otros profesionales para 
desarrollar el llamado Plan ONCERCA para que éstos actúen como agentes del 
grupo gobernante en el seguimiento periódico de toda la afiliación a la entidad, 
con el único objeto de mantenerla bajo control, para su manejo electoral y 
violando la legalidad vigente en materia de protección de datos, los cuales solo 
son empleables legítimamente para la prestación de servicios y para la gestión 
institucional. Por lo cual se propone: "La ONCE regulará la actividad del 
voluntariado en sus programas sociales de forma totalmente complementaria 
respecto de su cobertura profesional, que en ningún caso solape la falta de 
dotación de ésta en razón de la colaboración del mismo. Igualmente, se 
suspenderá de manera inmediata el denominado Plan ONCERCA, a causa de sus 
implicaciones político partidarias y por su falta de ajuste a la legalidad vigente".

Madrid 26 de mayo de 2020.

Fdo.: José Ricardo Gayol García, Presidente de la asociación PUEDO de la ONCE.

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