Noticia: Revista Capital – Enero 2005

La ONCE burló el control del Gobierno

La Organización está obligada a destinar el dinero de la Fundación ONCE a los minusválidos no ciegos. Pero, burlando el control del Gobierno, durante años lo ha desviado para fines distintos.

La historia es tan cierta como increíble: la cúpula directiva de una organización de carácter social como la Once ha burlado al propio Gobierno de la nación, representado en el Consejo de Protectorado de la Once. Tanto los ministros de Trabajo, Interior y Hacienda del PP como los actuales socialistas, han tenido o tienen sillón en ese Consejo entre cuyas funciones está la de velar por el correcto funcionamiento de la gestión de esta organización social. Pues bien, entre 1996 y 2001 un total de ¡65 millones de euros! fueron desviados de su verdadero fin, que era atender las necesidades de los minusválidos no ciegos. Según lo acordado en su día con el Gobierno, la Once debe transferir a su Fundación el 3% de los ingresos brutos del cupón para que ésta lo reparta a su vez entre los minusválidos no ciegos. Pero todo ese dineral (los 65 millones de euros mencionados) retornaron de la Fundación a la Once, que los destinó a otros fines. Este flagrante desvío de fondos que perjudica a los minusválidos no ciegos es conocido como "retorno".

Capital aporta esta vez como prueba irrefutable la correspondencia reproducida en estas mismas páginas entre el entonces vicepresidente ejecutivo de la Fundación, Rafael de Lorenzo, y el director general de la institución, primero Enrique Servando Sánchez y luego Miguel Carballeda actual presidente). Resulta sorprendente que el "retorno" no haya sido un hecho aislado, de un año concreto, sino que esté totalmente aceptado e incluso (como demuestran las misivas) que se negocie entre sus autores la cuantía de cada año.

Insistamos, dada la gravedad que el hecho implica: hablamos de 65 millones de euros que han salido de las arcas de la Fundación para volver a la Once entre 1996 y 2001. En alguna ocasión, la cifra ha supuesto incluso el 15% del total de los fondos gestionados por la Fundación en un año. Según sus memorias públicas, existen pagos en 2002 y 2003 similares a los que aparecen en las reveladoras cartas que publicamos ahora.

El Ejecutivo tiene seis representantes en el Consejo de Protectorado

No menos grave es el hecho de que los directivos de la Once hayan burlado los controles del Gobierno durante todos estos años. El Ejecutivo, y más concretamente ahora el Ministerio de Trabajo de Jesús Caldera, es el responsable último de controlar a la Once, tanto a su matriz, como al grupo de empresas (Ceosa) y a su Fundación. Su control emana de su presencia en el Consejo de Protectorado de la Once, compuesto por doce miembros (seis representantes del Gobierno y seis de la Once). Un equilibrio que sustituyó hace años a la abrumadora mayoría del Gobierno. La última modificación se produjo en 2000, cuando, según fuentes fidedignas, las presiones de la Once sirvieron para que el director general del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae), Luis Perezaguas, rival de la Once, fuese sustituido por alguien más cercano a la organización de ciegos. Antonio Beteta, entonces en el Ministerio de Hacienda y ahora en la 1a Asamblea de Madrid.

El ministro Jesús Caldera, enterado de todas estas irregularidades, no ha movido aún ficha. De momento no ha respondido a las muestras de preocupación de Capital, ni a las cartas de numerosos afiliados de la Once quejándose de la situación y pidiéndole que haga algo. Y entre tanto, ¿qué ha dicho la Once? La institución se ha defendido de las críticas asegurando que las ayudas que da la Fundación son aprobadas por su Comisión Permanente. ¿Quiénes la forman? Alberto Durán, afiliado y ejecutivo de la Once; Mario García, presidente del Cermi, organización que no sólo recibe ayudas de la Fundación sino que tiene la sede social en un edificio de su propiedad; Paulino Azúa, representante de los discapacitados intelectuales, miembro de la Plataforma en Defensa del Cupón:

Luis Jesús Cañón, representante de los minusválidos sordos, consejero de varias empresas de la Fundación; y José Luis Martínez. Consejero delegado del grupo de empresas de la Fundación. ¿Hará algo por fin el Gobierno?

Carlos Ribagorda

UN GRUPO DE AFILIADOS ANUNCIA QUE SE QUERELLARA CONTRA LOS DIRIGENTES DE LA ONCE

Un grupo de afiliados de la Once ha anunciado que se querellará contra Miguel Carballeda, presidente de la institución; Mario Loreto Sanz, vicepresidente, y Rafael de Lorenzo, ex vicepresidente ejecutivo de la Fundación Once, por Los delitos de falsedad, subvenciones ilegales, malversación de fondos públicos y estafa. La base de esta demanda es el reportaje que Capital publicó en el número anterior (portada de la izquierda: Los gestores de la Once financiaron su partido con el dinero de los minusválidos). En ese artículo denunciábamos cómo los directivos de la Once han financiado su partido político interno (Unidad Progresista) con dinero de la Fundación Once. Unos fon dos que la ley le obliga a destinar a los minusválidos no ciegos. Para ello, según demostrábamos con varios extractos bancarios, realizó pagos a este partido político camuflándolos como ayudas a una asociación de minusválidos inexistente.

No ha sido la única reacción a nuestro reportaje. Aunque los políticos siguen sin hacer nada, diferentes grupos de ciegos han alzado su voz para exigir que se haga algo. Para Angel Huerga, presidente del grupo opositor UAI, "esto es demasiado. El Gobierno no lo puede permitir. Deberla echar a los dirigentes y que la Once la dirigiera una gestora hasta que se celebraran nuevas elecciones.

César Perelló, líder de la DOCE, otro grupo opositor, ha enviado cartas a políticos, ministros, medios de comunicación, organismos oficiales e, incluso, a la Reina de España, sin obtener respuesta. "No sé que hay que publicar para que el Gobierno tome cartas en el asunto", se queja.

Son varios también los mensajes que han llegado hasta el foro de Capital, en la página web de la revista (www.capitalrevista.es). En uno de ellos, Pedro asegura que lleva "seis años en la Once y no he recibido ninguna ayuda". Otro, que se hace llamar Chema, se pregunta "cuánto tiempo más va a permanecer el Gobierno cruzado de brazos".

La penúltima cacicada de Mario Loreto

Es el amo y señor de la institución. Dentro de la Once, todo pasa por sus manos sin que nadie se atreva a replicarle. Por eso, a Mario Loreto Sanz, vicepresidente de la Organización, se le ha ido la mano colocando a sus familiares. Según publicamos en números anteriores, los dos hijos de Sanz, su mujer, su hermano y su cuñada trabajan en la Once. Incluso dos sobrinos suyos, sin ninguna discapacidad, venden cupones en Valencia y Baleares. Además, recientemente se ha creado la figura del Defensor del Afiliado, que depende directa mente de él. Pues bien, ese cargo lo ocupa Aurelia Millán, hermana de José Luis Millán, cuñado de la mujer de Mario Loreto. Por si fuera poco, el todopoderoso vicepresidente de la Once acaba de hacer la penúltima cacicada. Le quedaba por colocar a un hermano, Pedro Sanz Robles, y ya lo ha hecho. Desde octubre de 2004 Pedro es el director general adjunto para Cataluña y Baleares de Pilsa, la empresa de limpieza propiedad de la Once. Curiosamente, el otro hermano de Mario Loreto, Manuel Sanz, también trabaja en Pilsa, en este caso en la delegación de Salamanca (donde coincide con su mujer). No hay duda: todo queda en casa.