La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) registró un beneficio consolidado de 33 millones de euros en 2002, a pesar del menor ritmo en la venta de cupones. El pasado ejercicio se ingresaron 2.383 millones de euros por esta partida y, en los próximos años, se esperan cifras similares, con aumentos muy leves, pues esta línea de negocio sube por debajo de la inflación. Así, la ONCE, que estima un crecimiento mínimo en la venta de décimos (2%) para 2003 y 2004 (2.431 millones de euros y 2.479 millones), prevé un beneficio futuro de 40 millones de euros este año (un 21% más que en 2002) y de 38 millones en el próximo.

   Con estos datos, a los que ha tenido acceso elconfidencial.com, la ONCE quiere salir al paso de las informaciones difundidas por varias plataformas de oposición a la actual directiva en las que se cuestiona la salud económica de la organización. La ofensiva contra José María Arroyo y Mario Loreto, presidente y vicepresidente de la ONCE, respectivamente, proviene de la plataforma PUEDO, liderada por Miguel Durán, y de la Unión de Afiliados Independientes, con Ángel Huerga al frente.

   Los ingresos que obtuvo la organización de ciegos procedieron, fundamentalmente, de la venta de cupones y de su Corporación Empresarial (CEOSA). Este holding, que constituye todo un emporio, comprende un grupo de servicios (limpieza y ETT’s), uno inmobiliario (ONCISA), otro hotelero (Confortel), de alimentación (Rubia, Azuaga), agencias de viajes (Viajes 2000), empresas de mobiliario urbano (Primur) y un grupo de seguros (Seguronce). Según datos de 2002, esta Corporación Empresarial aportó a la ONCE una tercera parte de sus beneficios. El pasado ejercicio, el resultado consolidado de CEOSA fue de 10,7 millones de euros y se espera que en 2003 y 2004 sea de 9,5 millones de euros y 11,1 millones, respectivamente.

   Según la organización, el Grupo ONCE (ONCE, compañías del Grupo Empresarial, Fundación y empresas de la Fundación) tenían una plantilla total de 47.500 trabajadores en 2002, de los que 15.200 eran afiliados y 13.500 eran personas con otras minusvalías, lo que supone que, en conjunto, el 60% de la plantilla son personas con discapacidad.